Manifestación nacional del feminismo gallego, 2018, Galiza Contrainfo. Tomada de https://www.flickr.com/photos/47009921@N02/39723744605/in/album-72157688457718190/
La contingencia sanitaria en México no sólo representa un peligro en materia de salud, francamente, ha ocasionado estragos en todas las áreas de nuestra vida. Estragos que alcanzan la desprotección e incluso violación de derechos humanos a distintos sectores de la población. Es el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, quienes, por la crisis sanitaria, se encuentran en un estado de indefensión al no tener un adecuado acceso a la justicia.
La crisis de violencia no sólo ha dejado de ser prioritaria, sino que se ha agravado por el surgimiento de la pandemia del COVID-19. Como ejemplo de esto, en el estado de Nuevo León, la Fiscalía Especializada en Feminicidios registró un aumento del 35% en los delitos contra las mujeres. Además, el Instituto Estatal de las Mujeres de ese estado ha indicado que las denuncias por violaciones incrementaron de tres a cinco diarias. (Recio, 2020). Por otra parte, en el estado de Michoacán, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres reportó un aumento en el número de mujeres atendidas por violencia de género de 60 a 85 durante este tiempo de aislamiento y un incremento del 60% en el número de mujeres canalizadas a un refugio. (Orozco, 2020).
La violencia contra la mujer sigue manifestándose, sin embargo, el sistema judicial, a nivel federal y estatal, suspendió la impartición de justicia, reduciendo su operación a los casos que consideran de urgencia. Esto ha agravado la situación para las mujeres mexicanas, ya que no se consideró la realidad desigual que viven en materia de violencia de género, ni las necesidades particulares que esta desigualdad genera.
Dicha suspensión se traduce en que el sistema judicial dejó de brindar atención al público, no corren los plazos procesales, se limitaron las actividades de impartición de justicia y administrativas al mínimo, o bien, estas se realizan a distancia, en algunos casos. Lo que a simple vista no parece tan problemático, sin embargo, visto desde los ojos de una víctima de violencia de género, puede significar hasta la pérdida de la vida.
En el territorio nacional son muy distintas las medidas que se han tomado para garantizar el acceso a la justicia a la mujer violentada, en el margen de la contingencia sanitaria. La organización no gubernamental (ONG) EQUIS, Justicia para las Mujeres, elaboró un ranking de (des)protección judicial a mujeres víctimas de violencias en tiempos del COVID-19 en el que sólo cinco estados alcanzaron una puntuación de más de 60 (sobre 100). En este estudio se valoró si los poderes judiciales de los estados contemplaron guardias para emitir órdenes de protección y medidas cautelares, en materia familiar y penal; si se contemplan medidas para garantizar el pago de la pensión alimenticia y si suspendieron o no la vigilancia de las reuniones de convivencia entre padres e hijos, que actualmente ocurren en los Centros de Convivencia Familiar. También evaluaron si sus políticas laborales contemplan la protección de grupos que están en un mayor riesgo de enfermarse por el COVID-19. Lo anterior, basándose en los comunicados, acuerdos y órdenes que han emitido los poderes judiciales, en los que anunciaron las medidas que tomarían para dar cara a la pandemia.
En base a los criterios anteriores, la ONG EQUIS clasifica a los estados de nuestro país de acuerdo al grado, de mayor a menor, de protección que prevén para las mujeres víctimas de violencia de género en el contexto del COVID-19, quedando de la siguiente manera: Querétaro, 88.1; Nuevo León, 80.7; Colima, 71.4; Michoacán, 66.7; Baja California Sur, 64.3; Yucatán, 59.5; San Luis Potosí y Chiapas, 57.1; Hidalgo, 54.8; Tamaulipas, 52. 4; Nayarit y Ciudad de México, 50; Puebla, 47.6; Durango, 45.2; Campeche, 42.9; Morelos, 40.25; Quintana Roo, 38.1; Tlaxcala y Sonora, 35.7; Estado de México, 28.6; Coahuila y Chihuahua, 23.8; Veracruz, Tabasco, Sinaloa y Aguascalientes, 21.4; Zacatecas, 14.3; Oaxaca y Jalisco, 9.5; Guerrero, 7.1; Guanajuato y Baja California, 0.
El Poder Judicial que obtuvo el mayor puntaje en el ranking fue el del estado de Querétaro, con una calificación de 88.1 puntos (sobre 100). Esto se debe a que estableció en sus comunicados guardias para dar continuidad a todos sus servicios, al menos de manera implícita. Por el contrario, los poderes judiciales con el peor parámetro de protección para las mujeres fueron los estados de Baja California y Guanajuato, que obtuvieron una calificación de 0. Lo anterior se debe a que sus avisos, circulares o acuerdos se limitaron a señalar la suspensión de labores sin establecer medidas para dar continuidad a los servicios jurisdiccionales evaluados. (EQUIS, 2020).
Ahora bien, es importante recalcar que, de 32 estados, sólo 5 tomaron medidas garantistas del derecho al acceso a la justicia y del derecho a la vida que tienen todas las mujeres víctimas de violencia de género. Los otros 25 estados, o no adecuaron sus medidas a la realidad social vigente, en la que, en promedio, 10 mujeres son asesinadas diariamente, mientras que casi 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia por lo menos una vez en su vida, o no tomaron medida alguna en la materia. (INEGI, 2019).
Este acceso a la justicia se ve, a la vez, impedido por los medios y la forma en que se publica la información. La mayoría de los poderes judiciales publicaron los acuerdos y/o comunicados en sus páginas de internet, mientras que otros sólo lo hicieron en redes sociales y de manera incompleta. Lo que no permite a todas las mujeres recibir efectivamente dicha información. Además, la información suele estar redactada de forma técnica y compleja, que no es asimilable para el grueso de la población.
Como siempre, hay sectores que son aún más vulnerables, es el caso de las mujeres en materia de acceso a la justicia. De la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, deriva una crisis de acceso a la justicia, el riesgo para la mujer víctima de violencia de género se agrava en un momento en que no hay, o hay menos, refugios y servicios de ayuda disponibles para las víctimas; cuando es difícil acceder a aquellos que aún están abiertos; cuando se reducen las redes de apoyo y el estado se encuentra ausente al mantener sus tribunales cerrados. “Es importante que las labores de los Poderes Judiciales no se paralicen en todos los casos. Hoy, más que nunca, es fundamental que las autoridades judiciales implementen acciones para proteger a las mujeres y niñas que se encuentran en una circunstancia de aún mayor vulnerabilidad.” (EQUIS, 2020).
La violencia contra la mujer no se detiene, por ello, la justicia y protección de sus derechos tampoco debe hacerlo. Es importante tomar medidas para evitar la propagación descontrolada del virus COVID-19, pero estas medidas deben pensarse y aplicarse de forma que garanticen el derecho a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género y, con ello, la protección de su integridad.
Nota: Ligas de interés para mujeres en situación de violencia
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/redes-de-apoyo
http://mujer.michoacan.gob.mx/
http://cedhmichoacan.org/
http://coepredv.michoacan.gob.mx/
Referencias:
Kevin Recio, “Crecen 35% delitos contra la mujer en cuarentena”, Milenio, 23 de marzo de 2020, disponible en: https://www.milenio.com/politica/coronavirusleon-aumentan-delitos-mujer-cuarentena.
Orozco, Mariana “En Michoacán aumenta violencia de género a causa del aislamiento”, Debate, 24 de marzo de 2020, disponible en: https://www.debate.com.mx/estados/En-Michoacan-aumenta-violencia-de-genero-a-causa-del-aislamiento-20200324-0328.html.
EQUIS, Justicia para las mujeres, (2020), (Des) Protección Judicial en tiempos de COVID-19, México, EQUIS. Disponible para su consulta en: https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/DESProteccion_Informe.pdf.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (25 de noviembre)”, noviembre de 2019, disponible en: https://www.inegi.org.mx/ contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violenci
a2019_Nal.pdf.
MARIBEL VALDEZ SOLÍS
Estudiante de la Maestría en Derecho Administrativo
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
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