Fotografía de Pexels, tomada de https://www.pexels.com/es-es/foto/iphone-mano-taxi-tecnologia-34239/
La emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 seguirá teniendo repercusiones macroeconómicas en nuestro país por un largo tiempo —para Standard and Poor´s, la recesión económica que provocó la pandemia de COVID-19 en América Latina será profunda, se espera que la economía mexicana durante el 2022 y 2023, apenas crezca un 2.3% y un 2% respectivamente—,[1] la suspensión de actividades económicas no esenciales y la falta de apoyos e incentivos fiscales para las empresas por parte del Gobierno Federal, han ocasionado un incremento significativo en los niveles de desempleo desde el primer mes siguiente a la declaratoria de emergencia.[2] Ante esto, la respuesta del Gobierno Federal ha sido fortalecer al brazo fiscalizador del Estado —Servicio de Administración Tributaria (SAT) — con el fin de mejorar la recaudación que permita, principalmente, dar continuidad a los programas sociales insignias del sexenio actual, además de minimizar el deterioro social provocado por la falta de insumos médicos y humanos para atender el creciente número de enfermos y fallecidos a causa de la pandemia.